La justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá, a partir de febrero, la capacidad de investigar y juzgar una serie de delitos que, hasta hace poco más de una semana, eran competencia de los jueces nacionales.

Desde el 3 de febrero pasado, jueces, fiscales, defensores y asesores tutelares porteños deberán intervenir ante delitos contra la seguridad del tránsito como son las picadas, frente a delitos contra la integridad sexual como la trata o el grooming, o que sean fraudes al comercio o la industria, como es el caso del juego clandestino.

De acuerdo a lo establecido por la Ley 5935, sancionada por la Legislatura de la Ciudad en diciembre pasado, a partir de los 30 días de publicada dicha norma (lo que ocurrió el 3 de enero), la justicia de la Ciudad deberá entender ante nuevos delitos definidos por la legislación nacional y que no sean competencia federal, como es el caso de la Ley Nacional N° 27.330 sancionada en noviembre de 2016, y que prohíbe en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza, sancionando con hasta 4 años de prisión y multas de hasta 80 mil pesos, a quienes organicen este tipo de competencias.

Entre estos nuevos delitos, definidos y sancionados por la normativa recientemente, se encuentra también la figura conocida como «grooming«, definida en el artículo 131 del Código Penal, y que sanciona con prisión de 6 meses a 4 años a quien «por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma».

Las picadas o carreras callejeras también son delitos inexistentes como tales hasta hace poco más de dos años, y que a partir de ahora podrán ir a juicio ante los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. En estos casos, los fiscales porteños tienen a partir de ahora la facultad de investigar, acusar y solicitar una pena de hasta 3 años de prisión, para cualquier conductor que cree una situación de peligro de vida o integridad física de las personas mediante una prueba de velocidad o destreza con un vehículo con motor, realizada sin autorización. En caso de llegar a juicio, en la justicia de la Ciudad todas las audiencias son orales y públicas.

También serán asunto de los jueces y magistrados porteños los casos en los que se detecte en territorio de la Ciudad de Buenos Aires a una persona que promocione o facilite la prostitución de otra (trata), o que brinde falso testimonio mientras busca beneficiarse con la figura del arrepentido, o que explote sistemas de juego de azar sin autorización.

El proceso de transferencia de competencias de la justicia nacional a la justicia local está en marcha, y todo indica que no va a detenerse.

A partir de marzo, un listado más extenso de delitos también pasarán a la órbita de la justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados de la administración pública local, lo que pondrá en manos de jueces y fiscales porteños los casos de corrupción que se puedan dar en el futuro.