Juan Pablo Zanetta, consejero representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, impulsó una iniciativa para que se digitalicen en el corto plazo todos los expedientes que están en trámite ante la Justicia del distrito capitalino.

El proyecto, que ya fue tratado en comisión, está habilitado para ser tratado por el Plenario del Organismo.

De aprobarse, la Secretaría de Administración General y Presupuesto de la Justicia porteña, deberá digitalizar la totalidad de los expedientes en trámite que aún se encuentren en soporte papel en los fueros Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo (CATyRC) y Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas (PPJCyF), de conformidad con el Protocolo de Digitalización de Expedientes Judiciales en un plazo máximo de 240 días hábiles.

Zanetta manifestó que “si la pandemia algo nos enseñó, es la imperiosa necesidad de avanzar lo más rápido posible en la implementación total y definitiva del expediente digital” y aseguró que esto “permite que pueda desarrollarse el trabajo judicial de manera remota y en forma plena. Pero para lograr esto se debe encarar la incorporación de absolutamente todos aquellos expedientes que aún no han sido digitalizados y de esta manera terminar definitivamente con el papel”.

Asimismo, consideró que “la digitalización total de las causas en trámite, sumado a las herramientas digitales con las que ya cuentan los abogados que litigan ante los dos fueros porteños, no solamente permite un sustancial perfeccionamiento en el devenir diario del ejercicio de la abogacía sino además conlleva una valiosa mejora en tiempos y eficiencia del servicio de administración de Justicia”.

“Sin lugar a dudas, llevar a cabo esta política de digitalización requiere necesariamente de un gran esfuerzo de parte de la justicia porteña. Esto solo será posible si utilizamos todos los recursos necesarios para abordar la tarea,  mientras nos seguimos cuidando y trabajando con los protocolos diseñados para salvaguardar la salud”, señaló. Y concluyó: «De esta manera no solo preservamos el trabajo de todos los operadores de la justicia de la ciudad, sino que además resguardamos al mismo tiempo los derechos de las personas, asegurándoles el debido acceso a la Justicia”.