La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad, a cargo de Juan Rozas, lleva adelante estas y otras causas en las que famosos e influencers han promocionado plataformas de juego ilegales. Hasta el momento, de los 110 investigados, 27 han firmado un acuerdo de reparación integral del perjuicio y 16 han grabado el video.
Wanda Nara, Elián Valenzuela, Bárbara Silenzi, Florencia Vigna, Sasha Ferro, Lola Tomaszeuski, Mario Laurens, Traniela Campolieto, Mariano de la Canal, Facundo Guarino, Ignacio López, Gabriel Orcellet, Romina Uhrig, Mariano Nahuel Valenzuela, Tomás Álvarez y Nicolás Voutrinas Fontán fueron imputados por la promoción de plataformas de apuestas ilegales, en los términos del art.301 bis del Código Penal.
Los casos surgieron tanto a raíz de denuncias de personas particulares como de presentaciones de LOTBA S.E. y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos, así como también otros fueron impulsados de oficio por la misma fiscalía especializada. Además, gracias a las investigaciones, se ordenó el bloqueo de más de 400 sitios de apuestas online. Otra de las pautas del acuerdo es la realización de un curso presencial de concientización dictado por Lotería de la Ciudad (LOTBA S.E.) sobre la temática de la ludopatía y el juego ilegal.
El Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, destacó el criterio adoptado dado que «se consideró apropiado que los influencers reparen el daño causado a través del mismo medio donde lo produjeron. Entonces, así como difundieron sitios de apuestas ilegales en sus redes sociales, aprovechando su imagen pública y su influencia, correspondía que la reparación simbólica también se realizara por ese mismo medio, pero esta vez para concientizar sobre los riesgos asociados a las apuestas ilegales».
Por otro lado, el fiscal Rozas enfatizó que «la fiscalía priorizó la resolución rápida y alternativa del conflicto para dar una respuesta urgente a la sociedad y que además sirva para darle mayor visibilidad a la temática. No obstante, respecto de los casos aún en curso o en casos de reincidencia, la fiscalía dará continuidad a la investigación penal, lo que puede incluir investigaciones patrimoniales y medidas tales como embargos de bienes, dinero o inmuebles».


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