El Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, argumentó a través del decreto 530/2025 publicado en el Boletín Oficial que “a criterio del Gobierno Nacional se encuentran satisfechas las condiciones para la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal”.

El texto aclaró que la Procuración General de la Nación, a cargo, interinamente, de Eduardo Casal, “ha informado que, desde su perspectiva, no se encuentran reunidos los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables para garantizar el inicio efectivo del sistema acusatorio en la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

El decreto explicó que “con el fin de evitar una situación de conflicto institucional que comprometa el servicio de Justicia, se decide diferir, por única vez y con carácter excepcional e improrrogable, la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal» en la ciudad de Buenos Aires para el próximo 10 de noviembre.

El texto destacó que esta medida “asegura así un plazo complementario, que se estima razonable y suficiente para intensificar las actividades institucionales preparatorias de la implementación, y para concluir gestiones adicionales extraordinarias asumidas por el Ministerio de Justicia, con la colaboración necesaria de los demás actores del sistema de justicia federal».

El Ministerio de Justicia ratificó “su voluntad de coordinar todos los esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos necesarios para concluir definitivamente, sin más dilaciones, la implementación integral de la reforma procesal penal federal en todo el territorio nacional».

El decreto explicó que “el cumplimiento efectivo y oportuno de dicho compromiso estratégico requiere una organización eficiente y sistemática de los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, así como una gestión ágil, coordinada y eficaz de los procedimientos administrativos internos de todos los órganos involucrados en el proceso de reforma”.