El proyecto tuvo el aval de las principales fuerzas políticas de la ciudad de Buenos Aires. Entre otros puntos, dispone la creación de un organismo integrado por un cuerpo de agentes civiles para la custodia de los detenidos y otra unidad para garantizar la reintegración social.

La Legislatura porteña aprobó en la mañana de este viernes, y en medio de una sesión maratónica, la creación de un Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad, ley que tuvo el respaldo de los principales bloques políticos. De esta forma, la CABA no utilizará más el Servicio Penitenciario Federal y, una vez puesto en funcionamiento, podría tener un impacto directo en la situación de los más de 2.000 presos actualmente alojados en comisarías y alcaidías.

El proyecto establece la creación de un organismo civil, desconcentrado y especializado, que funcionará como auxiliar del Poder Judicial y dependerá del Ministerio de Justicia de la Ciudad. Su misión será la custodia, guarda, trato y tratamiento de personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios bajo su órbita, así como la atención de quienes cumplan penas no privativas de libertad o medidas alternativas dispuestas por la Justicia porteña.

Según el texto aprobado, la Agencia contará con una Dirección General, una Subdirección General y varias direcciones específicas: Seguridad Penitenciaria, Diagnóstico, Tratamiento y Plan de Vida, y Recursos Humanos y Bienestar Laboral. Esta estructura busca complementar las tareas de custodia con un abordaje integral del Plan de Vida y programas de asistencia, educación y trabajo para los internos.

La gestión estará a cargo de personal civil, con dos cuerpos diferenciados: Agentes de Seguridad Penitenciaria, como fuerza civil armada enfocada en seguridad y custodia. Desde el gobierno porteño señalaron que estos agentes tendrán formación del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), con foco en gestión de conflictos y uso proporcional de la fuerza; por otro lado, están los Agentes de Reintegración Social, integrados por profesionales y técnicos dedicados al tratamiento progresivo, educación, salud mental y vínculos familiares de las personas privadas de libertad

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la incorporación del Plan de Vida, que implica compromisos y objetivos acordados con los detenidos para facilitar su reinserción social, con acceso a educación, salud, capacitación laboral y acompañamiento interdisciplinario. Además, se crean dos órganos de control: una oficina de Transparencia y Control Externo, orientada a la prevención de la corrupción, y una Defensoría del Personal, con autonomía funcional para la defensa de los derechos humanos y garantías del personal de la Agencia. El control legislativo estará a cargo de una Comisión Especial de Seguimiento integrada por los presidentes de las comisiones que participaron en el debate.

La creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires se inscribe en el proceso de autonomía y transferencia de competencias penales desde la Nación hacia la Capital Federal, algo que negocian ambas administraciones, y que necesitaría el aval de la Legislatura y del Congreso para concretarse. El borrador incluye el traspaso de una parte del penal Ezeiza y el de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, también los fondos y algo de personal.

Una vez que se cree, y se ponga en funcionamiento, estará bajo el ala del Ministerio de Justicia (Gabino Tapia), más precisamente en la Secretaría de Justicia (Francisco Quintana) y con una Dirección General específica para este tema (a cargo de Leandro Halperín).

Este proyecto, junto con la Ley de Ejecución de la Pena, completa el diseño del sistema penitenciario porteño, para muchos considerado como un avance institucional relevante. Según se informó, la expectativa del gobierno porteño es que tenga un impacto directo en la situación de las más de 2.000 personas actualmente alojadas en comisarías y alcaidías.